El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que adopte de forma “urgente” medidas para cumplir la orden que le dio en marzo pasado de hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias que ahora viven en centros de acogida de la comunidad. En un auto...
notificado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo insta al Ejecutivo a darle cuenta cada 15 días de los avances que haga para acatar esa orden y le advierte de “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal, en caso de que persista el incumplimiento. Es una advertencia clara al Ministerio de Migraciones y al de Interior, que deben garantizar la acogida, pero también la correcta tramitación de las solicitudes, respectivamente.
“Los servicios jurídicos están analizando la nueva resolución para darle cumplimiento en tiempo y forma”, ha afirmado Migraciones en un comunicado en el que defiende que cumplir con la orden del Supremo requiere acondicionar centros que están pensados para adultos y que eso requiere plazos “objetivos” para su materialización.
La decisión del Supremo llega después de que la semana pasada el Gobierno reconociera en el alto tribunal que todavía no solo no había acogido a ningún menor solicitante de asilo en Canarias —a pesar de que los magistrados le dieran en marzo un plazo de 10 días para hacerlo—, sino que tampoco había evaluado las circunstancias de ninguno de ellos como primer paso para acatar la orden. Los magistrados además reprochan los retrasos para formalizar las solicitudes de asilo de los chicos, un trámite que se dilata hasta un año y que repercute negativamente en todo el proceso. “La Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes”, se lee en el auto.
