El Gobierno comenzó la semana pasada el traslado a la Península de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están acogidos por Canarias. Ha tardado cerca de cinco meses desde que el Tribunal Supremo le diese en marzo 10 días improrrogables para hacerse cargo de más de un millar de ellos. El Ejecutivo canario, cuyos servicios de acogida llevan años desbordados, había solicitado la medida cautelar. El plazo se ha ido extendiendo, entre reproches de ambas partes, en lo que parece un simple intento del Gobierno central de ir ganando tiempo.
En dos tandas, han sido trasladados 15 jóvenes, todos menos uno de Malí, país del que proceden la gran mayoría de los menores que piden asilo, quienes intentan escapar del hambre y el terrorismo yihadista que azota el Sahel. Para el jueves o el viernes próximos está previsto el viaje de otros entre 15 y 20. Dado que los menores que deben ir a la Península, incluidos administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son 1.070, según datos del Gobierno regional, a este ritmo, inferior al inicialmente previsto, cumplir la orden del Supremo llevaría casi año y medio.
