La investigación abierta por un juzgado de Las Palmas que, hasta ahora, ha llevado a la detención de 11 personas y al cierre de dos centros que acogían a más de 200 menores, pone el foco sobre un problema que dura años pero que ahora estalla de forma escandalosa. Bajo la excusa de la emergencia migratoria, una cultura de incompetencia y maltrato se ha desarrollado entre algunas de las entidades privadas que, haciendo uso de fondos públicos, son las encargadas de proteger a los miles de menores inmigrantes que llegan desde África continental.
El escándalo no puede sorprender a nadie. Es bien sabido que la situación en los centros para menores inmigrantes en Canarias es de un desesperante desbordamiento. Aunque la situación debería mejorar en los próximos meses (gracias al reparto obligatorio aprobado en abril y a la intervención del Tribunal Supremo), sigue habiendo más de 4.500 menores bajo la protección del Ejecutivo insular.
El hacinamiento en las islas puede ser una explicación, pero no es, de ninguna de las maneras, una justificación. La existencia de cuartos de aislamiento, más propios de una prisión que de una residencia; las denuncias de violencia, entre los jóvenes y hacia ellos; la normalización del maltrato, especialmente hacia los menores considerados “conflictivos”; todo da a entender un fallo de los mecanismos de control de estos centros, tanto por parte del Gobierno de Canarias como de la Fiscalía de Menores. Uno de los dos recintos clausurados había sido inspeccionado hace meses por las autoridades competentes, que no vieron en él ningún problema insubsanable. Ambos eran gestionados por Quorum Social 77, la entidad que más menores atiende en el archipiélago: casi 2.000. La presidenta de la asociación está entre los detenidos.
