Hace cuatro años que las denuncias por supuestos malos tratos a menores migrantes llegaban a los despachos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario y de la Fiscalía. Al menos desde 2021, ambas tuvieron constancia de situaciones que habrían requerido de su intervención. En varios centros y a cargo de diferentes entidades. Varias ONG e incluso el Defensor del Pueblo lo advirtieron. Pero no se actuó con contundencia. Hoy —cuatro años, dos presidentes autonómicos, tres directoras generales de Infancia después— una investigación judicial a la entidad que más menores migrantes atiende en las islas (casi 2.000) pone en cuestión un sistema desbordado que ha crecido sin control. “Ha fallado estrepitosamente la labor de inspección”, lamenta Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional.
A la entidad investigada, Quorum Social 77, se le atribuyen presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas, entre otros. Las denuncias que finalmente activaron a la Dirección General de Protección a la Infancia, a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, especializado en violencia contra menores, incluyen agresiones físicas y castigos en cuartos de aislamiento, donde se encerraba a los adolescentes durante días. Tras registrar varios centros, el juez ordenó el cierre de dos de ellos. Once trabajadores han sido detenidos, incluida la presidenta de la entidad. El golpe ha sacudido al pulmón del sistema: Quorum atiende a más de un tercio de los casi 5.500 menores migrantes acogidos en las islas y, desde 2023, ha recibido más de 150 millones de euros de dinero público.
