Moha no se sorprendió cuando, el pasado jueves, varios agentes con pasamontañas irrumpieron en el centro de acogida de Gran Canaria donde le había tocado vivir. Los perros olfateaban habitaciones, los policías abrían puertas. Al cabo de unas horas, el centro fue clausurado y dos directivos de la ONG detenidos. Muchos de los menores ya sabían, por lo que circulaba en TikTok, que la entidad encargada de atenderlos estaba siendo investigada por presuntos malos tratos, torturas y otros delitos. Pero Moha, de 17 años, no necesitaba leerlo en las noticias: asegura que lo vivió cada día durante un año. Habla de un cuarto de aislamiento en el sótano. De golpes. De cuidadores con formas y físico de matones. Un patrón que, según extrabajadores y chicos, se repite en varios centros.
Sentado en un parque de Las Palmas, rodeado de otros chicos migrantes que no levantan los ojos del móvil, Moha intenta describir lo que vivió durante el año que pasó en el centro de Arinaga, el segundo recurso precintado de Quorum Social 77. Esta ONG, que atiende a casi 2.000 menores migrantes en Canarias, ha recibido más de 150 millones de euros en fondos públicos desde 2023, pero en pocos meses se ha convertido en el epicentro de una investigación que revela las grietas de un sistema de acogida saturado y sin control. “No era un buen lugar. Las cosas se resolvían a puñetazos”, dice Moha, que mide cada palabra entre calada y calada. Al principio no quiere hablar. Luego cambia de idea. “No pongas mi nombre real”, suplica.
