El cerco judicial a la ONG que atiende a casi 2.000 menores migrantes en Canarias comenzó con dos chavales que rompen su silencio. Poco tiempo después, un trabajador escandalizado da también el paso y manda un vídeo donde se ve a un trabajador insultando a un chico. Y, así, un centro con nombre de cárcel ―Fortaleza I― al que fueron a parar los chicos más conflictivos se convierte en el epicentro de una investigación en la que ya han sido detenidos 11 trabajadores, incluida la presidenta de la entidad. Tras las sospechas de violencia, abusos y desviación de fondos sobre la fundación Siglo XXI, un caso aún judicializado, la mira apunta ahora a Quorum Social 77, la principal adjudicataria del Gobierno canario para la acogida de menores migrantes. En sus centros viven un tercio de los 5.700 niños y adolescentes que se hacinan en el archipiélago. Las costuras de un sistema desbordado empiezan a saltar por los aires.
Estos dos chicos aparecieron un día del pasado mes de septiembre en la Dirección General de Protección de la Infancia en presencia de dos agentes de la Policía Autonómica. No es una escena común, porque los menores ―sin familia cerca, en un país extranjero, sin hablar el idioma― suelen tener miedo. Pero ellos sí hablaron. Su relato, según fuentes conocedoras del caso, apunta a hechos que pueden ser constitutivos de delito y su declaración se remite a la Fiscalía de Menores de las Palmas y al juzgado especializado en violencia contra la infancia, el mismo que ha catapultado el caso. Al final, solo uno de ellos acaba formalizando la denuncia.
