Lo que empezó como una denuncia de malos tratos contra menores migrantes —que tantas veces ha acabado en un cajón—, ha alcanzado esta vez una dimensión inesperada. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria lidera una investigación que ha puesto contra las cuerdas la gestión de la ONG que más menores migrantes sin familia acoge en las islas. Los testimonios y las evidencias recopiladas en los últimos meses apuntan, entre otros, a la comisión de supuestos delitos de lesiones, de odio y de amenazas en los centros, una realidad que los niños y jóvenes llevan años denunciando sin que las autoridades tomasen cartas en el asunto. Las pesquisas han motivado la intervención de la policía autonómica en dos ocasiones desde mayo. La segunda, este jueves, se ha saldado con la detención de la presidenta de la ONG y otro directivo —que han sido puestos en libertad con cargos, según el diario Canarias 7— y la clausura de un segundo centro de acogida de la organización.
El episodio pone de relieve, una vez más, la situación crítica en la que se encuentran los centros de menores en Canarias, donde se hacinan más de 5.700 niños y adolescentes que esperan desde hace meses que los trasladen a otras comunidades tras la reforma de la ley de extranjería. “Llevamos mucho tiempo diciendo que, con tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan. Mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir”, ha dicho este jueves el presidente canario, Fernando Clavijo. “Hace años que es preocupante la situación de los centros, en general hay un descontrol importante”, apuntan fuentes judiciales. La violencia ha pasado desapercibida en un sistema saturado.
