La Fiscalía ha incumplido su deber de supervisar la gestión de los centros de protección de menores en Canarias con la frecuencia que debería hacerlo. Según sus propios protocolos, tendría que hacer inspecciones trimestrales y sorpresa a esas instalaciones —que en el contexto actual son sobre todo centros de acogida inmediata para miles de menores migrantes que llegan a las islas—, pero no cumplen con su propia exigencia. Si se siguiese el protocolo, en 2024, con 86 centros de menores migrantes funcionando en las islas, la Fiscalía debería haber llevado a cabo más de 340 inspecciones, pero no ha llegado a 100. Mientras, las denuncias por presuntos malos tratos y lesiones en el interior de algunos de esos centros se han multiplicado entre las organizaciones especializadas, abogados e incluso autoridades de las islas. El episodio más reciente lo ha destapado un juez con su investigación a la mayor ONG de acogida de menores en Canarias. De momento, 11 trabajadores de Quorum Social 77, que atiende a casi 2.000 niños y adolescentes, han sido detenidos —incluida su presidenta— y dos de sus centros clausurados.
Según los datos que el ministerio público ha suministrado a EL PAÍS, en 2024 la Fiscalía de Las Palmas hizo 56 visitas de inspección y la de Tenerife, 40, para un total 96 inspecciones. Sin embargo, ese año, en Canarias había 86 centros de acogida de menores migrantes gestionados por el Gobierno de las islas, cuya inspección trimestral, como dicta el protocolo, habría obligado a hacer casi cuatro veces más de las inspecciones que se hicieron. En lo que va de 2025, entre ambas fiscalías provinciales de Canarias han ejecutado 55 visitas, mientras que la cifra de centros sigue siendo superior a 80.
