El presidente del tribunal, John Roberts, lanza una frase para la historia: “El mundo ha cambiado, pero la Constitución sigue siendo la misma”
La mayoría de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de Estados Unidos (formado por seis conservadores y tres progresistas) han expresado dudas sobre la legalidad de la orden presidencial dictada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El mandatario republicano quiere impedir que se conceda la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes sin papeles y visitantes temporales. Una medida que podría afectar a más de 250.000 bebés al año o casi tres millones de niños en la próxima década, que se verían privados de la ciudadanía estadounidense.
Tres de los jueces conservadores, el influyente presidente del tribunal, John Roberts, y los magistrados Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, han evidenciado su escepticismo sobre la norma presidencial, convertida en un símbolo de las políticas migratorias represivas del presidente Trump. Han lanzado incisivas preguntas al procurador general, John Sauer, y han hecho comentarios que permiten concluir con pocas dudas que la sentencia, que se espera que se publique dentro de unos tres meses, será contraria a los Casa Blanca. Roberts, por ejemplo, deslizó que los argumentos de la Adminsitraciójn son “muy peculiares”. Pese a que el republicano firmó la orden, la norma nunca ha estado vigente porque ha sido rechazada por varios tribunales inferiores.
