El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este viernes una gran victoria, otra, al presidente de Donald Trump en el caso de la ciudadanía por nacimiento, tal vez el más importante del curso judicial, que concluyó en una jornada frenética en la que estaba prevista la publicación de ese y de otros cinco fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump que promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular, pero sí limitaron el poder de esos jueces para oponerse a su agenda.
Lo que buscaba la Administración de Trump era que los magistrados estudiaran si las resoluciones de un magistrado federal −de, pongamos, Cheyenne (Wyoming)− que contradigan una decisión ejecutiva de un presidente, por ejemplo, Trump, deben tener efectos en todo el país, como ahora, o solo para quienes presentaron la demanda. Pues bien, el alto tribunal −en una decisión (6-3) de 119 páginas en la que sus miembros se muestran divididos ideológicamente; los seis conservadores a un lado, las tres liberales, al otro− decidió limitar el poder de esos jueces federales y allanar, una vez más, el camino de la actual Administración para imponer, en este caso, su agenda migratoria.
