El régimen copresidencial da un paso más hacia el control total de la información con una ley de telecomunicaciones que somete la red al espionaje estatal y hace del ente regulador un brazo de vigilancia
Daniel Ortega y Rosario Murillo han ampliado hasta internet la censura que su régimen copresidencial impone. Así queda cercado también el último reducto para la libertad de expresión y prensa que quedaba en Nicaragua para las voces disidentes. Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la Administración bicéfala no sólo impone un cambio técnico en cómo se organizan las redes, las antenas o internet en el país centroamericano, sino que consolida un esquema de censura total en el último espacio que existía para expresar disenso.
De acuerdo con grupos opositores, que la han bautizado como “ley mordaza”, uno de los aspectos más alarmante es el poder total que se le otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). A la cabeza de este organismo está Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, y cuñada de uno de los hijos de la pareja presidencial. Según la normativa número 1223, entre muchas amplias prerrogativas, el ente regulador podrá exigir datos estadísticos y georreferenciados a operadores y proveedores audiovisuales.
