El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está cada día más solo en el tablero global. A la presión de las principales instancias internacionales ante su escalada autoritaria se añade un aislamiento autoimpuesto por el propio Gobierno sandinista. La semana pasada, los caudillos nicaragüenses profundizaron su ruptura con Naciones Unidas y retiraron al país centroamericano de la Agencia para los Refugiados (ACNUR). Su argumento fue el habitual, esto es, la intolerancia a la fiscalización de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, a los que acusan de injerencia. El guion de siempre, que Ortega y Murillo revisten de retórica antimperialista y que, sin embargo, solo contribuye a quitar garantías democráticas a la población.
Con esta decisión, Nicaragua acumula en pocos meses ya siete rupturas unilaterales con instituciones multilaterales. La Agencia para los Refugiados se suma a la FAO, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unesco. Esta última salida resultó especialmente estruendosa al haberse producido después de que la agencia concediera al diario La Prensa el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025. La persecución de los periodistas es una de las mayores obsesiones de los copresidentes, al igual que la represión de activistas y miembros de las ONG.
