Imagen de archivo de un juez con su toga. EFE/Javier Etxezarreta.
Madrid (EFE).- El Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (Loecrim), una ambiciosa reforma que tiene como punto central la atribución de las investigaciones penales a los fiscales, pero que incluye otros cambios polémicos, como los que afectan a la acusación popular o al Estatuto del Ministerio Fiscal.
El objetivo del Gobierno es modernizar el proceso penal, «superando el modelo decimonónico y preconstitucional». Para ello, reforma una ley que está en vigor desde 1882, aunque ha sufrido múltiples retoques desde entonces.
Estas son las principales claves de la Loecrim que, según los cálculos del Ejecutivo, entrará en vigor el 1 de enero de 2028 tras completar su trámite parlamentario.
La investigación penal pasará a estar dirigida por el Ministerio Fiscal en lugar de estar en manos del juez como sucede hasta ahora. De esta manera, el fiscal se concentrará en la investigación y será un proceso autónomo siempre controlado por un juez de garantías.
