“La mayor reforma en la carrera judicial en 40 años”, así justificó este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, la necesidad de sacar adelante cuanto antes el proyecto de ley que cambia la regulación del ministerio fiscal y amplía y facilita el acceso a los trabajos de juez y fiscal. Este jueves los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y más que probablemente se darán un plazo de apenas 24 horas para que se presenten en el Congreso enmiendas parciales a esa nueva norma. Todo en un contexto de gran acoso político, mediático y judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que esté lunes quedó a un paso de sentarse en el banquillo por el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y en uno de los momentos más tensos de la legislatura por distintos escándalos judicializados.
Cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó en mayo este proyecto que ha patrocinado e impulsado desde hace meses aseguró que había que desvincular esa reforma de cualquier polémica de actualidad y en concreto de la situación procesal que afecta de lleno al actual fiscal general del Estado, porque los cambios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2028, es decir, para cuando acabe en teoría el actual mandato de Ávaro García Ortiz y tras las próximas elecciones generales, no programadas.
