El pulso que un amplio sector de las carreras judicial y fiscal mantiene con el Gobierno vive este miércoles un nuevo capítulo. Cinco asociaciones de jueces y de fiscales (todas salvo las dos progresistas) han convocado un paro de diez minutos contra las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. A la convocatoria de las asociaciones se ha adherido una plataforma integrada por más un millar de jueces y fiscales, en su mayoría de las últimas promociones, unidos a través de dos grupos de WhatsApp y que, al margen del paro de este miércoles, valora la convocatoria de una huelga. El Gobierno defiende sus reformas que, asegura, son necesarias para adaptar al siglo XXI una justicia que en muchos aspectos se ha quedado anclada en el XIX.
“Las asociaciones judiciales más numerosas han criticado todas las reformas importantes de la justicia. Si las reformas dependieran de ellas, no haríamos reformas”. Así se pronunciaban hace unos días fuentes del Gobierno sobre la protesta en tromba de amplios sectores de las carreras judicial y fiscal respecto a los cambios legales que promueve el Ejecutivo. El que más polvareda ha levantado, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, se somete este jueves a su primer examen en el Congreso, donde los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán, previsiblemente, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.
