El Ejecutivo intentará relevar a García Ortiz con un nombre fuerte y cree que los jueces se desacreditan y reunifican a la izquierda. El PP ve a Sánchez acorralado y agónico
La indignación y el shock inicial ha dejado paso a una estrategia pausada. El Gobierno ya está digiriendo el duro golpe que le propinó el jueves el Tribunal Supremo, que condenó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y ahora se prepara para reaccionar con contundencia pero sin aspavientos. Este domingo Pedro Sánchez tendrá su primera respuesta directa, en Johannesburgo, en la rueda de prensa final tras el G20. Pero el principal movimiento no será declarar una guerra abierta con declaraciones, sino una jugada más de fondo: nombrar rápidamente un nuevo fiscal general indiscutiblemente progresista, con prestigio en la carrera, alguien que sea visto como un gesto de autoridad.
“Lo que tenemos que hacer es seguir gobernando, ejercer nuestras competencias, nombrar un nuevo fiscal, seguir adelante. Esa es la mejor respuesta”, sentencian fuentes de la cúpula del Ejecutivo. Hechos más que palabras. Para estas últimas se ha dejado que sea Óscar López, ministro y rival directo de Isabel Díaz Ayuso, quien vaya más fuerte. “Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, ninguna. Una cosa es acatar y otra cosa es callar. Nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno, nadie”, remató el candidato madrileño socialista. La vicepresidenta Yolanda Díaz también fue directa, y acusó a una parte de los jueces de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política”.
