Charo Carracedo no creerá que existe “la intención real” de acabar con la prostitución hasta que vea que la ley abolicionista, que el Gobierno anunció que llevará a Consejo de Ministros este septiembre, llega. Quizás es porque esta abogada, madrileña, está en sus 68, lleva desde 1976 en el movimiento feminista, desde 2002 en la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PaP) ―de la que ahora es portavoz― y ha visto pasar casi nueve legislaturas “alternándose izquierda y derecha en el Gobierno sin que nada pase”. A esta última, con el PSOE en coalición con Sumar, aún le queda margen, pero a la pregunta de si confía en que este sea el momento, es la única vez que dice: “No contesto”.
Carracedo, al teléfono desde Villajoyosa (Alicante), es una de las ocho mujeres que, de forma más directa, redactaron hace cinco años la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), una norma que aglutinó las aportaciones de cientos de feministas de distintos ámbitos de los colectivos dentro de la PaP. En noviembre de 2020, ya acabada, quisieron entregarla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Afirma Carracedo que Iván Redondo, ya exdirector de Gabinete, les dijo que “no era competencia del presidente”. Un mes después, el 20 de diciembre, fue Irene Montero, ministra de Igualdad en esa legislatura, quien las recibió para, supone, “echarla a un cajón, porque nada más se supo”.
