La prostitución, como cualquier otra cosa en la que cualquiera pueda pensar, también ha ido pasando, en las dos últimas décadas, a los entornos digitales. Y lo hizo aún con mayor rapidez durante la pandemia, cuando los confinamientos y las medidas sanitarias de seguridad imposibilitaron la que se daba en las calles ―que ya era minoritaria―, y cercaron los clubes. Ahí se aceleró un cambio de marco al que las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad no fueron ni son ajenas: esa actividad, alegal por el momento en España, pasó a darse más en pisos e hizo un trasvase abrumador a Internet. Y esta última cuestión ―estrechamente relacionada con ese paso a pisos y locales más ocultos que los antiguos y reconocibles prostíbulos de carretera o de ciudad―, estará como línea de trabajo en la futura ley abolicionista que prepara el Gobierno, anunciada para ir a Consejo de Ministros en primera vuelta este próximo septiembre aunque cabe la posibilidad de que se llegue a octubre.
Del texto, que nace del Ministerio de Igualdad, aún no se conoce una redacción concreta, lleva trabajándose meses y ha tenido un especial empujón durante el verano, cuando ya también en manos del Ministerio de Justicia, ha ido cerrándose. Ese acelerón en los últimos tres meses vino después de que se conocieran los audios de la UCO que desvelaron las conversaciones entre José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y su mano derecha, Koldo García, hablando de prostitutas como si estuviesen hablando de cromos y despertó el rechazo y la crítica social y de políticas y políticas de todos los partidos.
