Tenía tres años cuando vi arder el monte desde la casa de mi abuela por primera vez. Recuerdo a mi padre salir con mi abuelo y mis tío a trazar surcos a ambos lados de la carretera con el tractor, mientras otros vecinos iban detrás llenándolos de agua. La cadena de tractores era un ciempiés en la oscuridad, con rojo de fondo. Recuerdo a mi abuela sacando agua de los pozos y llenando cubos, bidones y palanganas con la vecina y sus hijos para echarla sobre la vegetación. La idea era pararle las piernas al fuego o, al menos, frenar su propagación dejando sólo tierra mojada. El protocolo de alerta comunitaria eran las campanas de la iglesia. La llave estaba a 400 metros del campanario, en nuestra cocina. No había satélite, internet o WhatsApp.
Era 1989. Aquel verano hubo 8.673 incendios forestales en Galicia, ardieron 191.075 hectáreas de monte. Murieron cuatro señores, varios perros, cientos de ovejas y cabras, jabalíes, zorros, liebres, urogallos y caballos salvajes. La Xunta creó el Servicio de Defensa contra Incendios Forestales y empezó a contratar a gente de julio a septiembre para vigilar, detectar y apagar el fuego antes de que se hiciera grande. Lo llamaron el retén forestal. Eran los mismos vecinos, equipados con motobombas; organizados y entrenados por la Administración para detectar señales, frenar el primer ataque y hacer tareas de remate después de la extinción. Con el tiempo, esas habilidades se fueron profesionalizando y centralizando. Salvo algunas excepciones, ahora los vecinos no saben qué hacer salvo llamar al 911 y esperar la evacuación.
