Los magistrados Sánchez Melgar y De Porres, mayoría en la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que debía valorar el auto de procesamiento por el que el magistrado instructor decidió procesar al Fiscal General del Estado, han decidido confirmar esa decisión. Se trata de un proceso que sigue siendo extrañísimo. Nada más y nada menos que 78 páginas entre la posición de la mayoría y el voto particular del magistrado Palomo del Arco. Y máxima discrepancia entre los dos textos, en todos los elementos relevantes. Como indica el voto particular, se trata de dos visiones “radicalmente divergentes”, “absolutamente incompatibles”.
Para simplificar el análisis que consta en los dos textos, conviene recordar cuáles son las cuestiones por dilucidar, en esencia: en primer lugar, si los hechos investigados son constitutivos de delito; en segundo lugar, si hay indicios suficientes contra el fiscal general del Estado, que fuera precisamente él, entre todas las personas que conocían el correo, quien lo filtró. Ambas cuestiones son contestadas positivamente por la mayoría, y negativamente por el voto particular. Las discrepancias en Derecho son normales; por esto existen recursos y distintos órganos judiciales. Pero no hay nada de normal en este auto, por dos razones: por la profundidad de la divergencia entre ambas perspectivas, y el contraste entre la posición dubitativa y tibia de la mayoría y la contundencia del rechazo del voto particular.
