Andrés Palomo era el magistrado de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo elegido como ponente para redactar la resolución que debía dar respuesta a los recursos presentados contra el procesamiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la supuesta filtración de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero las conclusiones de Palomo, que planteó archivar la cusa y anular la propuesta del juez instructor Ángel Hurtado de sentar en el banquillo al máximo representante del ministerio público ante la falta de indicios contra él, provocó que tuviera que hacerse a un lado como ponente ante la negativa de sus dos compañeros de tribunal (Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres) de asumir su tesis. Esas diferencias se han traducido en un largo voto particular de Palomo contra el dictamen que confirma el procesamiento de García Ortiz: “No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”, critica.
Tras la falta de acuerdo entre los tres miembros del tribunal, el magistrado De Porres asumió finalmente la redacción de la resolución que confirma el procesamiento del fiscal general. De Porres y Sánchez Melgar consideran que hay indicios suficientes para sentar a García Ortiz en el banquillo, pese a que el juez Hurtado no consiguió recabar durante ocho meses de instrucción ninguna prueba que demuestre que fue él quien hizo llegar el correo bajo sospecha a los medios. De hecho, el voto particular de Palomo incide en que la investigación no ha “justificado” que el fiscal general “fuese el autor de la revelación de la información” a la prensa o a la Presidencia del Gobierno (como deslizó el instructor sin pruebas), además de que las pesquisas revelaron que existen más potenciales filtradores.
