Dos magistradas progresistas se desmarcan de la mayoría y creen que García Ortiz tuvo que ser absuelto
Las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se desmarcan de la mayoría de la sala del Tribunal Supremo que ha sentenciado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y advierten de que no hay pruebas suficientes para una condena por un delito de revelación de secretos. Polo y Ferrer sostienen que no está probado que García Ortiz filtrara el correo del 2 de febrero de 2024, que está bajo el foco en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ni ven delictiva la nota de prensa que se redactó por el ministerio público, por lo que entienden que procedía la libre absolución del fiscal general. “Se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía —haber ofrecido un acuerdo y posteriormente retirarlo por razones políticas— impulsada desde el aparato de un poder público [...]. Informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal”, reflejan las togadas.
En este voto particular de 53 páginas, las magistradas señalan que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado una vez se estaba difundiendo una “información sesgada” sobre el posible pacto de la pareja de Ayuso con la Fiscalía había quedado “totalmente neutralizado, ya que, sin duda, el asunto tenía un gran interés público”. Para ellas, “resultaba necesario desmentir las imputaciones de actuación irregular incluso delictiva que se habían realizado” por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que achacaba a García Ortiz “dar órdenes ilegales para no alcanzar una conformidad” con González Amador.
