El proceso contra el fiscal general del Estado constituye una extravagancia que tiene su última manifestación en el auto de procesamiento como elemento previo a la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos. La explicación que justifica cómo un caso sin causa ha llegado tan lejos difícilmente puede encontrarse en el perímetro de lo jurídico. Razones de otra índole explican el (ab)uso de acciones judiciales para dar continuidad, por vía vicaria, a una lucha sin cuartel contra rivales políticos.
La dimisión del fiscal general es, de hecho, un objetivo largamente buscado por quienes, como Manos Limpias, ejercen la acusación popular apartándose así de los principios que legitiman su intervención en el proceso. Este debate de la dimisión ya se planteó con intensidad cuando se inició la investigación y, aunque tuvo sentido entonces apelar a la resistencia en el puesto como defensa contra una “no causa”, su procesamiento ahora incrementa seriamente los costes institucionales de mantenerse en activo y, más importante aún, limita el intento de denunciar lo que parece evidente. Dirigir la Fiscalía y sentarse en el banquillo de los acusados al mismo tiempo no es posible sin condicionar el instrumental a utilizar por la defensa, ni tensionar las costuras del sistema más allá de lo aconsejable. Así, ¿sería realista imaginar al fiscal general acusando de prevaricación al juez que ha instruido esta causa?
