El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que el jefe de la Fiscalía presentó contra la decisión del magistrado que ha instruido esta causa, Ángel Hurtado, de proponer llevarle a juicio por, presuntamente, facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), procesado por fraude fiscal.
La causa, que se inició en octubre de 2024, se centra en la filtración de un correo electrónico, con fecha del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador remitió a la Fiscalía ofreciendo un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de cerrar un pacto de conformidad. También se ha analizado una nota de prensa que la fiscal de Madrid remitió la noche del 13 de marzo de 2024 a su jefe, con la que, a la mañana siguiente, el ministerio público desmintió el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña de que la iniciativa de acuerdo había partido de la Fiscalía.
La Sala, compuesta por tres magistrados de la Sala de lo Penal, ha confirmado este martes el criterio del instructor de que existen suficientes indicios para juzgar a García Ortiz, situando cada vez más cerca del banquillo a un fiscal general del Estado, por primera vez en la historia de España. La decisión ha sido adoptada por los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, mientras que Andrés Palomo ha emitido un voto particular en contra. No obstante, los tres magistrados han acordado por unanimidad estimar el recurso de la fiscal jefa provincial del Madrid, Pilar Rodríguez (que también estaba encausada), archivando el procedimiento para ella.
