La condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se insertó, como en un abismo que todo lo atrae, en la fractura que divide a gran parte de Argentina. Los distintos sectores del peronismo postergaron sus diferencias y denunciaron una persecución política contra la principal líder de la oposición al Gobierno de Javier Milei, quien había anunciado su candidatura en las próximas elecciones legislativas. Salvo las fuerzas de izquierda, el resto de los partidos políticos celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero, junto a las previsibles posturas políticas, la sentencia también dejó abierto un debate jurídico: ¿fue justa o injusta la condena?, ¿Kirchner tuvo garantías de la imparcialidad de los jueces?, ¿pudo probarse su culpabilidad en los delitos? Pese a que el caso fue evaluado por todas las instancias judiciales del país, hay juristas y expertos en derecho que se afirman en posiciones totalmente opuestas.
A los 72 años, Kirchner, la dirigente política más influyente de Argentina en las últimas dos décadas, fue condenada en la llamada Causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta durante su gestión presidencial (2007-2015). Fue declarada culpable de perjudicar al Estado argentino en unos 500 millones de dólares mediante la concesión irregular de 51 obras públicas viales a un empresario cercano a su familia, Lázaro Báez, en Santa Cruz, la provincia patagónica donde nació el kirchnerismo. De acuerdo con el fallo, el también condenado Báez fue beneficiado con sobreprecios, ampliación de plazos y un tratamiento diferencial con pagos anticipados. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la expresidenta”, señalaron los jueces, aunque eso aún se investiga en otro expediente.
