Cristina Kirchner tiene una semana para presentarse ante la Justicia e ir presa. La cuenta atrás avanza en una Argentina fracturada en dos. El martes, minutos después de las cinco de la tarde, la noticia de la condena firme a seis años de cárcel por corrupción contra la expresidenta argentina salió de la Corte Suprema y se propagó por todo el mundo. Los peronistas que arropaban a la líder opositora a las puertas de la sede del Partido Justicialista rompieron en lágrimas y críticas a un fallo que la inhabilita a ejercer cargos públicos de por vida a tres meses de unas elecciones provinciales en las que Kirchner iba a postularse a diputada. Los antiperonistas aplaudieron a la Justicia por consagrar el principio de igualdad ante la ley con la primera condena en firme a un exjefe de Estado por corrupción y preguntaron en las redes si era demasiado pronto para abrir champán. 24 horas más tarde, en un clima de tensión creciente, la justicia piensa cómo ejecutar los bienes de Kirchner y de los otros ocho condenados para recuperar los más de 500 millones de dólares estimados en perjuicio al Estado.
La protesta de los miércoles de los jubilados frente al Congreso argentino se trasladó a la Plaza de Mayo para intentar esquivar el enorme operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. Los jubilados exigen un aumento de las pensiones —la mínima que cobran siete de cada diez equivale a 300 dólares— e iban a estar acompañados de profesionales del hospital pediátrico Garrahan y docentes de universidades públicas en huelga por la pérdida de poder adquisitivo de unos salarios muy relegados respecto a la inflación. A ellos se les sumaron, además, columnas de agrupaciones políticas y sociales en repudio al fallo contra Kirchner, que consideran plagado de irregularidades y símbolo de “la doble vara de la justicia” a la hora de juzgar peronistas frente a otros sectores políticos.
