La Casa Blanca debió reestructurar su estrategia comercial luego de que en febrero la Corte Suprema estadounidense dictaminara que los aranceles indiscriminados de presidente Donald Trump eran inconstitucionales por invadir competencias exclusivas del Congreso. Para sortear el fallo y sustituir el gravamen temporal del 10% que vencía este viernes, Trump apeló a normas vinculadas a estándares laborales, ambientales y sanitarios, las cuales son legalmente más difíciles de impugnar por parte de los países afectados. Lo hizo a través de la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. (USTR), la agencia federal encargada de desarrollar, coordinar y supervisar la política comercial exterior del país. Una investigación del organismo puntualizó que las prácticas de 60 economías respecto al trabajo forzado “no son razonables”.

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