La decisión de los tres magistrados del Supremo llama la atención porque las dudas sobre la compatibilidad con el Derecho europeo se plantean cuando el proceso está en una fase muy incipiente.

Las personas que obtengan una autorización provisional no se verán afectadas por una eventual suspensión del proceso

Aragón y la Comunidad Valenciana apoyan elevar el decreto al TJUE y exigen la suspensión inmediata de un proceso que ha registrado más de 1,2 millones de solicitudes. El Gobierno…