Zaragoza (EFE).- El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al Supremo para que presente ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la posible contradicción del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el derecho comunitario, en las que pide también la suspensión cautelar del procedimiento y la reversibilidad absoluta de las resoluciones favorables.
Trámite abierto por el Supremo
El Gobierno de Aragón ha respondido así al trámite de audiencia abierto por el Supremo, y tras escuchar a sus servicios jurídicos, sobre la posibilidad de presentar esa «cuestión prejudicial» ante el TJUE por si la regularización entrara en conflicto con el derecho comunitario, que es el argumento que ha defendido la comunidad en el recurso contra el decreto que la desarrolla y para el que solicitó también la adopción de medidas cautelares.
La vicepresidenta y consejera de Justicia, Mar Vaquero, y el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, han explicado que si el Supremo decide presentar esa «cuestión prejudicial» -lo que opinan que podría tardar alrededor de diez días- ante el TJUE, este deberá en ese caso decidir si es contradictorio o no, lo que puede alargarse «meses».
