Ni la tensa relación entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, que ha marcado toda la legislatura, hace temer a la Moncloa por el futuro judicial de la regularización de inmigrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo medita formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante las dudas de si colisiona o no con el derecho comunitario, planteadas por dos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón, dos comunidades controladas por el PP. El Supremo dio un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse, que finaliza este jueves, y el Ejecutivo calcula que el Alto Tribunal no tomará una decisión antes del 7 de julio. Pero la preocupación es mínima. Los magistrados podrían acudir a Europa para dirimir si la medida de España choca con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la UE en 2024 y no paralizar el proceso. O también elevar la prejudicial y acordar la suspensión del decreto que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril, y cuyo plazo de solicitud finalizó este martes 30 de junio. Esta última opción parece remota en las previsiones de la Moncloa. No es puro optimismo. Su razonamiento es que el Supremo ya rechazó las cautelares en el resto de recursos analizados, como los que presentaron la Comunidad de Madrid, Vox y otras tres asociaciones. El PP, sin embargo, se aferra a la que puede ser la última oportunidad para que la Justicia frene el proyecto con el que el Gobierno pretende otorgar el permiso de residencia a millones de extranjeros. Y dará la batalla. Entienden que el texto del Ejecutivo está plagado de riesgos jurídicos, sociales y económicos. Están convencidos de que infringe el marco común europeo y tampoco pierden de vista el posible impacto a futuro en el censo electoral, que en ningún caso sería inmediato. El número de solicitudes asciende por encima de los 1,2 millones, más del doble de las previsiones iniciales del Gobierno. La providencia que el Tribunal Supremo emitió el pasado 24 de junio encendió una luz de esperanza en el PP de Feijóo. El texto de la Sala Contencioso-Administrativo plantea serias objeciones respecto a la posible vulneración de diversas normas comunitarias, se pregunta si España puede impulsar un proyecto de estas características sin consultarlo con la Comisión Europea y cuestiona el posible impacto en el control fronterizo del espacio Schengen. Abría la puerta a elevar el asunto a la Justicia europea tras escuchar a las partes. Y el PP no sólo apoyará la vía europea, sino que se aferra a ella para exigir una vez más la suspensión cautelar. TE PUEDE INTERESAR Con el respaldo de Génova, la Generalitat presentó ya este martes sus alegaciones al Alto Tribunal en las que reitera la necesidad de paralizar el proceso de regularización masiva de extranjeros a la mayor brevedad posible. Los servicios jurídicos del gobierno presidido por Juanfran Pérez Llorca se hacen eco no sólo de los efectos nocivos del decreto para la "organización, financiación y prestación de servicios públicos" de la región, sino también del riesgo de "debilitar los objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades" al vulnerar "el principio de cooperación leal" de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana traslada al Alto Tribunal su apoyo a elevar el asunto al TJUE, pero centra su escrito en la necesidad de que la Sala "no espere" a decidir sobre esa cuestión "para resolver las medidas cautelares". Hacen hincapié en que si no lo suspende ya "perderá el sentido" porque "los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de forma inmediata". En el gobierno de Aragón confirman también que presentarán unas alegaciones similares a las de la Comunidad Valenciana. "Nos reafirmaremos en nuestra petición previa de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE y de suspensión cautelar del real decreto", señalan. TE PUEDE INTERESAR En efecto, la previsión del Ejecutivo es agilizar al máximo el procedimiento, que en sí mismo ya es muy fluido. El derecho a tener papeles se consigue prácticamente con la presentación de la solicitud. En cuanto se valora la documentación adjuntada, se logra la autorización provisional. Eso ya supone un reconocimiento administrativo. Un dato importante porque, según explican en el Gobierno, aunque el Supremo optara por la suspensión —que no contemplan— los efectos reales serían mínimos. La intención del Ejecutivo es que "el mayor número" posible del millón de personas migrantes que han pedido papeles tenga en su poder esa notificación antes del 7 de julio. Moncloa se prepara junto a la Abogacía del Estado para defender ante el Supremo la absoluta legalidad de la regularización de extranjeros. En el Ministerio que dirige Elma Saiz están convencidos de que la norma encaja perfectamente en el derecho europeo y recuerdan que permite vivir y trabajar en España, no en el resto de países de la UE. Además, sostienen, que han sido muy precavidos con el texto y que, por ejemplo, todas las observaciones esenciales del Consejo de Estado fueron incorporadas. En contra de la opinión del Gobierno, Génova da por seguro que el Supremo elevará el asunto al TJUE y mantiene la esperanza de que paralice la tramitación de los expedientes de residencia a la espera de una resolución del tribunal con sede en Luxemburgo. La batalla jurídica que los de Feijóo han planteado con la regularización no tiene reflejo por ahora en lo referido a la ley de nietos, la disposición en la Ley de Memoria Democrática para nacionalizar a los descendientes de exiliados. El líder del PP azuzó la idea de un posible fraude electoral, pero Génova ha corregido su estrategia y descarta por ahora tomar medidas. Ni la tensa relación entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, que ha marcado toda la legislatura, hace temer a la Moncloa por el futuro judicial de la regularización de inmigrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo medita formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante las dudas de si colisiona o no con el derecho comunitario, planteadas por dos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón, dos comunidades controladas por el PP. El Supremo dio un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse, que finaliza este jueves, y el Ejecutivo calcula que el Alto Tribunal no tomará una decisión antes del 7 de julio.