Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión.
Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana.
