El r�gimen de �regularizaci�n� de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno �suscita la duda de si podr�a entrar en colisi�n con las normas� de la Uni�n Europea. En concreto, con el Pacto de Migraci�n y Asilo. Es la advertencia que lanza el Tribunal Supremo en una providencia fechada el 24 de junio, a la que ha accedido EL MUNDO, como respuesta a sendos recursos interpuestos por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Arag�n. A ra�z de esas dudas, el Alto Tribunal espa�ol abre la puerta a una posible paralizaci�n del proceso de regularizaci�n. Primero, porque pone los mimbres para elevar la �duda� sobre la legalidad de la medida al Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE), que podr�a frenar la regularizaci�n masiva. De hecho, el Alto Tribunal abre un tr�mite de audiencia a las partes y les da cinco d�as para que puedan formular �alegaciones� sobre �la procedencia de formular ante el TJUE cuesti�n prejudicial interpretativa� sobre esta medida.Y, adem�s, porque el propio Supremo puede decidir paralizar las tramitaciones mientras se dirime el encaje del Real Decreto espa�ol en la normativa comunitaria.El Real decreto de regularizaci�n de inmigrantes, en vigor desde el pasado 14 de abril, ha desbordado las expectativas. El plazo para acogerse al proceso extraordinario concluye hoy, y ya se han registrado m�s de 1,2 millones de solicitudes. Cifra que, como recuerda el Sindicato Unificado de Polic�a (SUP), m�s que duplica las estimaciones iniciales del Gobierno, que apuntaba a una regularizaci�n potencial de 500.000 personas.La Sala Tercera del Supremo destaca en su providencia seis bloques de posibles incompatibilidades de la medida espa�ola con el Derecho de la UE. El primero es que el Pacto de Migraci�n y Asilo ya estaba en vigor cuando se aprob� el decreto en el Consejo de Ministros, aunque a�n no era aplicable (no lo fue hasta el 12 de junio). El Supremo cree que la vigencia anticipada de la ley europea condiciona desde su entrada en vigor la validez de normas estatales contrarias.En segundo lugar, los magistrados se�alan que, para los solicitantes de protecci�n internacional, el Reglamento europeo establece un �derecho de permanencia� durante la tramitaci�n del expediente, que expresamente no equivale a un permiso de residencia. Y la norma espa�ola convierte esa permanencia en una autorizaci�n de residencia ordinaria, incluso archivando expulsiones ya juzgadas. El Alto Tribunal sugiere que esto podr�a contradecir la norma europea.En tercer lugar, el Supremo recuerda que la Directiva de Retorno obliga a dictar resoluci�n de retorno contra cualquier irregular, con excepciones tasadas y apunta a que una de las disposiciones del real decreto crear�a una v�a de regularizaci�n generalizada que estar�a al margen de esas excepciones comunitarias. Y no s�lo eso, abunda el escrito, �sino que se les reconoce un derecho de residencia temporal con car�cter general y por el mero hecho de la estancia irregular en Espa�a�.Como cuarto argumento, la Sala destaca que la regularizaci�n afecta a un n�mero muy elevado de personas sin notificaci�n previa a la Comisi�n Europea ni coordinaci�n con otros Estados miembros, lo que podr�a vulnerar el deber de cooperaci�n leal que consagra el art�culo 4.3 del Tratado de la UE.En el quinto bloque, el Tribunal argumenta que, tras la entrada en vigor del Pacto de Migraci�n y Asilo, la competencia exclusiva de los Estados en regularizaciones masivas podr�a haber quedado �condicionada� por el nuevo marco de solidaridad.Por �ltimo, los magistrados subrayan que los regularizados obtienen, adem�s, libre circulaci�n de 90 d�as por el espacio Schengen, lo que se cuestiona a la luz del C�digo de Fronteras Schengen y �sin que conste coordinaci�n previa al respecto con los dem�s Estados miembros�.Hay que recordar que el Supremo ya rechaz� paralizar la regularizaci�n el 22 de mayo, tras solicitarlo la Comunidad de Madrid y Vox. Pero en esta segunda ocasi�n, los siete magistrados que han analizado el caso s� han entrado al fondo de la cuesti�n, al elevar dudas m�s que razonables y al plantearse ya como cierta la posibilidad de una paralizaci�n de las regularizaciones.La providencia, eso s�, s�lo lleva la firma de tres de ellos: Wenceslao Olea, Carlos Lesmes y Fernando Rom�n. Dos de ellos -Olea y Rom�n- ya emitieron un voto particular en la resoluci�n de las anteriores peticiones de medidas cautelares de otros recurrentes. Ambos consideraron ya que el decreto espa�ol chocaba con la normativa europea.Esta medida ya ha supuesto tensiones en el club comunitario. En el �ltimo Consejo Europeo del curso, varios dirigentes comunitarios le afearon la medida a S�nchez. En el marco del debate entre los l�deres de la UE, la danesa Frederiksen o Giorgia Meloni, primera ministra italiana, se mostraron en contra. �Lo que haces afecta a otros pa�ses�, traslad� Meloni. Una queja a la que sumaron Hungr�a o B�lgica.