El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este miércoles su “absoluta tranquilidad” ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo plantee algunas dudas sobre el proceso de regularización de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, según ha recordado, la Comisión Europea ya dijo que “España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”. “La Comisión Europea, por boca de sus portavoces, ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea y, además, que España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”, ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Ministerio de Justicia. Bolaños ha explicado que, aunque el Supremo decidiera acudir al TJUE, eso no paralizaría el proceso de regularización, sino solamente el procedimiento judicial ante el alto tribunal, porque hay otros en marcha. Ha hecho hincapié en que la única forma de frenar la legalización sería a través de unas medidas cautelares que los magistrados ya han rechazado. En todo caso, ha manifestado su “total respeto” por la decisión que finalmente adopte el Supremo. También ha querido trasladar “absoluta tranquilidad” porque se trata de un real decreto “muy sólido” que ha superado “todos los controles desde el punto de vista jurídico”, mediante los informes exigidos legalmente para su elaboración. Asimismo, ha reivindicado que el proceso de regularización “está siendo un éxito”, tanto “desde el punto de vista de los derechos”, porque “había gente que vivía en nuestro país y que eran ciudadanos de segunda”, como “desde el punto de vista económico” porque ahora podrán trabajar contribuyendo al erario público.“Cero riesgo” de que Begoña Gómez se dé a la fugaPor otro lado, Bolaños se ha pronunciado sobre la petición que ha realizado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, al juez Juan Carlos Peinado para que la permita viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido, entre el 7 y el 10 de julio, después de que el instructor le retirara el pasaporte y prohibiera salir de España como medidas cautelares después de enviarla a juicio por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.“Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan y, por tanto, vamos a estar a la decisión que se adopte en los próximos días”, ha señalado.No obstante, han aprovechado para reiterar la crítica a estas medidas cautelares, que incluyen también la firma en sede judicial cada quince días, "por desproporcionadas, por absurdas y por innecesarias". "Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo. Es cero absoluto", ha sostenido.Respecto a la pregunta concreta de las fechas que me hace, la propia norma establece que son personas que tuvieron que salir de España a partir del 18 de julio de 1936, es decir, como consecuencia de la guerra civil y posteriormente como consecuencia de la dictadura. Y esto yo creo que es lo fundamental que debemos explicar a la opinión pública.A preguntas de la prensa, el ministro también se ha referido al hecho de que los últimos tres presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estén investigados: la actual, Belén Gualda, y Vicente Fernández, por presuntos amaños en el caso Leire Díez; y Bartolome Lora, por el rescate a Air Europa.A este respecto, Bolaños ha ratificado el respaldo a Gualda que verbalizó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Nuestra confianza en la presidenta de la SEPI”, ha reafirmado, incidiendo en que, de lo conocido hasta ahora, "no hay nada que ponga en cuestión su gestión". “Y, por tanto, vamos a dar tiempo a la Justicia“, ha pedido.
El Gobierno asegura estar tranquilo ante las dudas del Supremo sobre la regularización porque Bruselas ya avaló sus competencias
Bolaños recuerda que la Comisión Europa dijo que “España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”










