El mismo día que Pedro Sánchez ha hecho gala de su política migratoria acompañado de ocho ministros, con la regularización como bandera y el anuncio del nuevo plan de integración, se ha conocido un nuevo paso del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del procedimiento extraordinario del que ya depende más de un millón de personas. Los magistrados han preguntado a las partes si consideran procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno colisiona con las directivas europeas. El Ejecutivo, sin embargo, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a todos los solicitantes, confiando en que la medida cumple con la normativa europea.
“La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, responden fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la medida de la que depende ya más de un millón de peticiones.
Según explican las mismas fuentes, el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. En este sentido, el departamento dirigido por Elma Saiz está trabajando con la Abogacía del Estado “para acarar las cuestiones planteadas”. Una vez que concluya este plazo, una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva está cuestión al TJUE, para que opine sobre si la regularización puede ir en contra de las directivas comunitarias, especialmente a aquellas ligadas al nuevo pacto migratorio europeo. Desde el Gobierno, aseguran que la normativa que rige la regularización está en consonancia con la legislación comunitaria.
