Actualizado Martes,
junio
14:12El Ministerio de Migraciones est� preparando, junto a la Abogac�a del Estado, sus alegaciones para defender ante el Tribunal Supremo que la regularizaci�n generalizada de inmigrantes, que finaliza hoy, es "compatible con el derecho comunitario".As� lo han trasladado fuentes ministeriales tras conocerse que el Alto Tribunal plantea paralizar la regularizaci�n masiva de inmigrantes por "colisionar contra la Uni�n Europea". El Supremo hizo una providencia el pasado 24 de junio con la que abre un tr�mite de audiencia para que se puedan formular "alegaciones" sobre "la procedencia de formular ante el Tribunal de la UE (TJUE) cuesti�n prejudicial interpretativa" sobre esta medida. De elevarse, el Alto Tribunal probablemente paralizar�a la regularizaci�n mientras se dirime el encaje del decreto espa�ol en la normativa europea.Desde el Ministerio que pilota Elma Saiz aseguran que "la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario" y subrayan que "la regularizaci�n otorga un permiso de residencia y trabajo v�lido exclusivamente en territorio espa�ol". De esta manera, tratan de alejar los temores de Europa de que muchas de las personas que obtendr�n los papeles en Espa�a podr�n despu�s instalarse en otros pa�ses de la UE, aprovechando la libre circulaci�n de personas.El Gobierno asegura que esta "cuesti�n prejudicial interpretativa servir�a para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuesti�n", y fecha como plazo l�mite para pronunciarse el viernes 3 de julio.Adem�s, el Ejecutivo recuerda que el pasado mes de mayo el TS "ya desestim� adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarroll�ndose con total normalidad".En ese momento, y tambi�n cuando se aprob� el decreto de regularizaci�n en el Consejo de Ministros, el Pacto de Migraci�n y Asilo ya estaba en vigor, aunque no fue aplicable hasta el 12 de junio. La Sala Tercera del Supremo menciona seis bloques de posibles incompatibilidades y este reglamento conforma el primero de ellos.Adicionalmente, el ministro de Pol�tica Territorial, �ngel V�ctor Torres, ha enfatizado que bajo la "investigaci�n" de este proceso, el Alto Tribunal escuchar� al Gobierno y a la Abogac�a del Estado. Tambi�n ha recordado que el proceso se intent� paralizar con medidas cautelares y el TS "le dio un varapalo a la Comunidad de Madrid, a Vox y a asociaciones que est�n en contra de las personas".Sumar insiste en ampliar el plazoDesde el socio minoritario del Gobierno se hace un cierre de filas total con la regularizaci�n y se defiende su encaje legal dentro de la Uni�n Europea. El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado que es "clar�simo" que el proceso emprendido por Espa�a "ni interfiere ni es contrario a ninguna medida del derecho comunitario". "Si fuera contrario", ha advertido, "lo que tendr�an que haber hecho las instituciones europeas es ejercer las acciones legales correspondientes, cosas que no se ha hecho".El tambi�n portavoz parlamentario de IU ha recalcado que el pacto de migraci�n y asilo no tiene "ninguna medida que impida garantizar derechos a ciudadanos extranjeros que ya est�n en nuestro pa�s". De igual modo, el diputado de Sumar y Comunes Gerardo Pisarello ha subrayado tambi�n que no hay "contradicci�n" con el derecho de la UE.En un tono m�s duro, el diputado de Comprom�s dentro del grupo de Sumar, Alberto Ib��ez, ha alertado de un intento de "golpe" por parte del Tribunal Supremo "para cargarse los derechos de nuestros vecinos". Por eso ha advertido de que la respuesta del Gobierno "ante el nuevo golpe que urden togados y peperos" debe ser ampliar el plazo de regularizaci�n para que nadie se quede fuera. En su cr�tica, el diputado valenciano recrimina al Supremo que "nunca cuestion� las Golden Visa" que era "regalar el permiso de residencia a cambio de invertir 500.000 euros".Para la l�der de Podemos, Ione Belarra, no hay caso porque cada pa�s de la UE es "soberano" para aplicar la pol�tica migratoria que considere "m�s efectiva". En todo caso, ha recalcado que la regularizaci�n es "una medida de justicia social que hay que defender ahora y siempre ante la Comisi�n Europea, las institucioens europeas y quien sea necesario" porque "defender los derechos humanos" coloca a Espa�a "en el lado correcto de la historia".
