El Ministerio de Seguridad Social evita pronunciarse sobre una eventual consulta al TJUE a cerca de la compatibilidad del procedimiento con la legislaci�n comunitaria.A falta de los datos definitivos que el Gobierno comunicar� en las pr�ximas horas, m�s de un mill�n de inmigrantes se habr�an acogido al proceso extraordinario, tal y como confirm� ayer la ministra de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Adem�s, avanz� que en torno a un 50% de las solicitudes ya han sido admitidas a tr�mite.Lo que por el momento evitan desde el Gobierno es valorar la posibilidad de que la ventana de regularizaci�n de inmigrantes, que se cerr� el pasado 30 de junio pueda ser objeto de estudio por parte del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) a los efectos de dirimir una posible colisi�n con la legislaci�n comunitaria. Por el momento, en una entrevista en RNE, la portavoz del Ejecutivo confirm� que su departamento presentar� este viernes las alegaciones pertinentes tras las providencias emitida por el Tribunal Supremo a ra�z de los recursos presentados por los gobiernos de Arag�n y la Comunidad Valenciana. Posteriormente, los magistrados del Alto Tribunal deber�n decidir si elevan una cuesti�n prejudicial al m�ximo organismo de Justicia europea.El Ministerio ha confirmado que este jueves tendr� lugar un primer balance del proceso de regularizaci�n extraordinario, en un momento en el que la naturaleza del mismo ha sido cuestionada por el Supremo, que entiende que el real decreto abre la puerta a que las solicitudes no se atiendan bajo un prisma de an�lisis individual pormenorizado de cada caso, sino que atienden a un r�gimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros pa�ses que se encontrasen en Espa�a en situaci�n irregular. En lo que, adem�s, ve posibles conflictos con el Pacto de Migraci�n y Asilo aprobado en la Uni�n Europea en 2024 -que establece que el derecho de permanencia en un territorio hasta que se resuelva la solicitud por parte de las autoridades no constituye un permiso de residencia- y con la Directiva de Retorno que deb�a haber aplicado Espa�a en 2011 y a�n no ha sido incorporada.En relaci�n a la directiva, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se preguntan si es admisible que quienes est�n en situaci�n irregular no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con car�cter general y por el mero hecho de la estancia irregular en Espa�a .Precisamente los gestores administrativos han puesto el acento sobre la fiabilidad de los an�lisis individualizados de las solicitudes. Fernando Jes�s Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, advierte sobre estas solicitudes constituyen un "procedimiento jur�dico complejo" ya que exige acreditar situaciones personales, laborales, familiares o de vulnerabilidad, manejar documentaci�n diversa y cumplir requisitos estrictos para acceder a una autorizaci�n de residencia y trabajo. "No es un tr�mite autom�tico, no es una solicitud est�ndar, es un proceso que exige conocimiento, experiencia y criterio t�cnico", explica el presidente de los Gestores.En cualquier caso, Saiz volvi� a lanzar ayer un "mensaje de tranquilidad" a los solicitantes recordando que el Supremo ya desestim� adoptar medidas cautelares hace "escasamente unas semanas", e insisti� en que "es un texto con seguridad y rigor jur�dicos que se refiere a la normativa de este pa�s" reiterando que el procedimiento da exclusivamente "derecho a residir y trabajar" en Espa�a.