Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha informado este viernes al Tribunal Supremo de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el día de ayer, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.PublicidadLo ha señalado durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal antes de decidir si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como han solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.En una de estas sesiones, en concreto para estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como ha aludido la recurrente.Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un "chequeo" de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales.Durante la vista, la Asociación Libertad y Justicia ha cargado contra el Real Decreto para regularización, a su juicio aprobado "por la puerta de atrás" y "saltándose" la soberanía nacional, que descansa en las Cortes y ha advertido del riesgo que supondrá que los beneficiados luego circulen por el espacio Schengen tras haber entrado por una puerta "hecha ad hoc" en España.El Gobierno defiende que no habrá colapso de serviciosEl abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha defendido la regularización para lograr "la integración de las personas que ya están en España" desde antes del pasado 1 de enero y llevan en el país al menos cinco meses antes del momento de la solicitud, como marcan los requisitos.PublicidadHa subrayado el carácter "especialmente limitado" del proceso y sus efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.Ante los argumentos de algunos de los recurrentes como el impacto que tendrá la regularización en el censo electoral, el abogado del Estado ha negado tajantemente que las personas que se beneficien de la medida extraordinaria vayan a poder votar en las próximas elecciones porque para eso es necesario tener la nacionalidad.Ante otros alegatos, el representante del Ejecutivo ha dejado claro que carecer de antecedentes penales es indispensable para la regularización y que la autorización que se concede habilita a residir y trabajar solo en España, no en toda la Unión Europea.Publicidad147.000 niños en situación irregular en EspañaTambién han intervenido en la vista dos letrados de las entidades sociales personadas en el proceso como parte codemandada en cuatro de los cinco recursos: Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita al Migrante (SJM).Estas han llamado la atención sobre el hecho de que hay actualmente 147.000 niños y niñas que podrían beneficiarse de este proceso, que ya se han emprendido seis regularizaciones en el pasado por parte de distintos gobiernos y que las autorizaciones de residencia son competencia del Estado no delegada a la Unión Europea.La Comunidad de Madrid prevé 255.000 beneficiariosPor su parte, el abogado de la Comunidad de Madrid ha centrado su intervención en los efectos que el Gobierno regional prevé que tendrá la regularización en sus servicios públicos, ya que estiman que se podrán beneficiar de ella unas 255.000 personas en la comunidad y ha remarcado que es "grosero y rotundamente falso" que no haya impacto presupuestario de la norma, como ha defendido el Gobierno.Por parte de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha llamado la atención sobre los efectos en el gasto para la administración y en el censo electoral, la urgencia con la que se ha adoptado la medida y el conflicto "brutal" que genera con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, por entra en vigor el mes que viene.En declaraciones a los medios a la salida de la vista, el político de extrema derecha ha sostenido que la regularización es "manifiestamente ilegal", que el Gobierno tiene como "única finalidad darle papeles a todo el mundo" y que el proceso va a provocar un "brutal incremento del gasto público", preguntándose quién lo va a asumir y si habrá que expropiar las sedes del PSOE para que responda económicamente.Por otro lado, la asociación ultra Hazte Oír ha subrayado que la ley permite autorizaciones de residencia por supuestos excepcionales y no de forma "masiva" y ha defendido que la suspensión cautelar que pretende no supondrá "un perjuicio irrevocable", ya que los migrantes podrían recurrir a otras "vías ordinarias" para conseguir los papeles.Y el letrado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha asegurado que el Real Decreto rompe "radicalmente" la jurisprudencia española y europea, mientras ha acusado al Gobierno de haber "inventado" el concepto de vulnerabilidad, uno de los requisitos que tienen que cumplir muchos de los migrantes.