La regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno ha registrado un total de 1.174.968 solicitudes, según datos del Ministerio de Migraciones, de las cuales se han admitido a trámite por el momento 608.000, el 52% del total, lo que concede permiso de residencia y trabajo provisional. Cerca de 11.000 ya tienen su resolución favorable concedida, ha compartido Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, en rueda de prensa. El proceso de solicitudes se cerró el 30 de junio y el Gobierno tiene ahora tres meses para resolver la inmensa mayoría de los expedientes. Esto va a permitir “que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza”, ha dicho la titular del ministerio, Elma Saiz. De los 608.000 extranjeros que ya disponen de un permiso de trabajo provisional (en el caso de tener edad laboral), 159.097 se han dado de alta en la Seguridad Social, alrededor de un 26%. O ya lo estaban; si eran beneficiarios de una solicitud de protección internacional tenían permiso de trabajo. Falta conocer muchos datos para tener una idea exacta de cuánta economía sumergida aflorará en este proceso. El 83% pertenece a la rama general, y la hostelería, el comercio, administración y servicios y construcción son las ocupaciones más numerosas, por ese orden. Después sigue la agricultura, pero los empleos de personal doméstico, sean cuidados o limpieza, solo representan por ahora el 4% de las altas laborales.Cataluña, con más de 257.000 solicitudes, ha sido la comunidad con cifras más altas, seguida de la de Madrid, con 202.000, la valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000. La procedencia de las solicitudes corresponde sobre todo a América central y del Sur, con un 67% de ellas y Colombia a la cabeza, nacionalidad de la que parte el 26% de las peticiones de regularización; después va Marruecos, con 13,4%, Venezuela, con 11,7% y Perú, con 8,8%. El 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años y un 57% son hombres. “Estamos hablando de un éxito y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha señalado Saiz. Una encuesta voluntaria que se ha enviado a 161.000 aspirantes a esta regularización y que ha sido respondida por 36.187 personas revela unos primeros datos de formación que sitúan en un 43% los extranjeros con estudios de bachillerato o formación profesional y un 24%, superiores. El sesgo de quienes han respondido la encuesta y quienes no lo han hecho puede deberse precisamente a eso, al nivel de estudios. La cifra de solicitudes, que ha superado con mucho la que se barajó en un inicio, se toma en el Ejecutivo como “un éxito”. Los responsables del ministerio no han dado por buena la cifra registrada en el sistema Mercurio, la plataforma digital donde se recogen estas solicitudes del proceso extraordinario y otras de extranjería. Mercurio registraba casi 1,4 millones antes de concluir la fecha del 30 de junio, que cerró el plazo. Son casi 200.000 más que los que da el Ministerio, 1,17 millones. “Esta es la cifra oficial, la que centraliza el ministerio. No hay más que añadir, ¿qué fuentes son esas?“, ha contestado Cancela a la pregunta de a qué atribuía la diferencia entre la plataforma oficial y los datos oficiales. Ha añadido que se está trabajando con un volumen importante de solicitudes y que, igual que ha ocurrido antes, el proceso se irá adaptando a las necesidades que surjan. ”El ritmo es acorde a lo establecido", ha asegurado. El proceso ha contado con un gran consenso social: cientos de organizaciones humanitarias, sindicatos, patronal y la Iglesia han apoyado la regularización, la patronal especialmente, que esperaba para poder contratar trabajadores. Pero la oposición política de derechas, el PP y Vox y los catalanes de Junts, ha criticado la regularización por distintos motivos. En el PP y Vox se dijo en un primer momento que el Gobierno regularizaba para tener más votos en las elecciones, aunque luego matizaron sus palabras porque estas personas no tienen por ahora el derecho a votar en las generales. Junts sostuvo su rechazo por razones lingüísticas y de colapso en los Ayuntamientos por los trámites que habría que implementar. Los trámites tienen mucho que avanzar todavía, a juzgar por las resoluciones que lleva, 11.000 de un total de 1,17 millones de peticiones. Cancela ha dicho que el ritmo es bueno, pero el verano se va a cruzar en estos trámites y ya algún sindicato se queja del trabajo que tienen los funcionarios y de que se está ofreciendo un dinero escaso para hacer horas extraordinarias.Por ahora, los extranjeros representan el 14% de las cotizaciones a la Seguridad Social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, de no estar los inmigrantes en España, en 2050, el país tendría un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares y 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas”. Sindicatos y patronal coinciden en que se necesitan migrantes y los expertos advierten de que seguirán llegando dado que España es un país que ofrece empleo. Para que no se formen nuevas bolsas de irregulares como la actual se necesitará un sistema ordenado, vinculado a trabajos en origen y que regularice con celeridad a quienes están ya viviendo y trabajando sin papeles. Esos perfiles representan un eslabón muy débil cen el mercado laboral, sujeto en no pocas ocasiones a jornadas intensivas y mal pagadas, sin posibilidades de ejercer sus derechos y sobrepasando sus obligaciones. Esa es la razón de que las organizaciones humanitarias que han apoyado este proceso, y que han recibido los parabienes del Gobierno en la rueda de prensa de este jueves, recibieran con aplausos este proceso extraordinario que no es ni mucho menos el primero que se hace en España. Lo hicieron varios gobiernos anteriores de derechas y de izquierdas. Este decreto que modifica el reglamento de regularización y que fue aprobado a mediados de abril está recurrido ante el Supremo por varias comunidades y partidos políticos como Vox, que argumentan, entre otras cosas, que la presencia regulada de estas personas saturarán los servicios públicos. El tribunal rechazó medidas cautelares para detener el proceso, pero la decisión sobre el fondo está por conocerse aún. Es otra vía judicial abierta que abona la pelea política española.