La regularización extraordinaria de personas migrantes ya empieza a dejar huella en el mercado laboral español. El proceso ha recibido 1.174.978 solicitudes, de las cuales 11.000 ya han sido resueltas y 609.737 han sido admitidas a trámite, un paso que permite acceder a una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve el expediente definitivo.PublicidadEse permiso provisional ya ha sumado a 159.097 afiliados a la Seguridad Social gracias a la regularización, lo que refleja cómo miles de trabajadores que hasta ahora permanecían en la economía sumergida han podido incorporarse al mercado laboral con plenos derechos. Los datos del Ministerio destacan, además, que 102.649 (77,3%) cuentan con un contrato indefinido, de los cuales un 55,1% trabajan a tiempo completo y un 30,5% a tiempo parcial. Mientras que, por otra parte, 30.101 (22,7%) cuentan con un contrato temporal -un 61,2% a tiempo completo, un 37,2% a tiempo parcial–.La mayor parte de estas incorporaciones se concentran en la hostelería, que reúne a 38.776 trabajadores, el 24,4% del total de personas solicitantes de la regularización afiliadas a la Seguridad Social. Le siguen el comercio, con 20.195 trabajadores (12,7%), la construcción (11,5%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (11%)."Este proceso va a suponer una inyección de nuevos empleos y un fortalecimiento del mercado de trabajo", ha defendido este jueves el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quien recuerda que el empleo extranjero ya representa más del 15% del total de personas ocupadas.El crecimiento comenzó a acelerarse a finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso de regularización. En mayo, la afiliación extranjera aportó 111.000 de los 231.975 nuevos empleos creados, mientras que en junio sumó 86.630 de los 128.533 nuevos afiliados, contribuyendo a que España alcanzara el récord de 22,46 millones de cotizantes.PublicidadDiferentes estudios, en los que también se ha apoyado el Gobierno para defender la regularización, apuntan que sacar de la irregularidad a las personas migrantes incrementa la recaudación pública y fortalece el sistema de protección social. Una investigación realizada por expertos de la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la regularización impulsada en 2005 estimó que cada una de las 578.000 personas regularizadas aportó entre 3.504 y 4.398 euros anuales en cotizaciones sociales, sin incluir el efecto posterior sobre la recaudación del IRPF."La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entenderían sin la población inmigrante. Hay un estudio de políticas públicas que visualiza una España en 2070 sin flujos migratorios y el país se paralizaría", destacaba Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una entrevista con este medio.La portavoz del Gobierno alude al informe publicado en la revista Información Comercial Española (ICE) que proyecta que, sin la llegada de migrantes, la población de entre 16 y 66 años se reduciría un 46% de aquí a 2070, pasando de unos 33 millones de personas en edad laboral a apenas 18 millones. En ese escenario se elevaría la presión sobre las pensiones al haber muchos más mayores por cada persona en edad laboral.PublicidadEl perfil del solicitanteEl impacto en el mercado laboral de la regularización se entiende viendo el perfil de quienes han formado parte del proceso: el 87% están en edad de trabajar, es decir, tienen entre 16 y 64 años. De ellos, seis de cada diez tienen menos de 34 años, lo que convierte a este colectivo en una fuente de relevo para un mercado laboral marcado por el envejecimiento de la población. "La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). En cuanto al género, los hombres suponen el 57% de las solicitudes y las mujeres el 43%, aunque entre los menores y en la franja de 45 a 54 años la distribución es prácticamente equilibrada.La mayoría cuenta con estudios postobligatorios Dos de cada tres migrantes que han iniciado el procedimiento cuentan con estudios postobligatorios, pero su situación de irregularidad les ha impedido hasta ahora ejercer su profesión, obligándoles en muchos casos a desempeñar trabajos por debajo de su nivel de formación. Una realidad que el Ejecutivo puso de relieve esta semana durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, que promete fomentar la integración de las personas regularizadas y entre cuyas medidas figura una reforma del sistema de homologación de títulos extranjeros para agilizar su reconocimiento.En concreto, el 67% de quienes ya tienen su solicitud admitida a trámite ha cursado formación más allá de la educación obligatoria. De ellos, un 43% tienen un título de Bachillerato o de Formación Profesional y un 24% ha completado estudios universitarios. Por su parte, el 33% cuenta únicamente con estudios obligatorios y un 10% carece de formación, según los datos de la encuesta sobre empleabilidad y situación socioformativa elaborada por el Ministerio. Un cuestionario voluntario que se envía de forma telemática a los mayores de 16 años, una vez admitida a trámite su solicitud, con el fin de conocer el perfilado de la población regularizada.La encuesta también indica que ocho de cada diez solicitantes de la regularización tienen competencia lingüística plena. Destacando el hecho de que el 66% son hablantes nativos, al ser originarios de América Latina la mayor parte de los solicitantes. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, al concentrar el 26% del total, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).Mientras que en el caso de las comunidades autónomas con idioma cooficial, conocen la lengua el 40%. Por territorios, Catalunya es la comunidad autónoma donde se han registrado más solicitudes, con más de 257.000, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valencià (167.000) y Andalucía (161.000).El plazo de solicitudes se ha desarrollado desde el pasado 16 de abril hasta el martes, 30 de junio, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. Ahora, el Gobierno dispone de tres meses para resolver los expedientes. No obstante, tras el planteamiento del Supremo de llevar a la justicia europea la regularización, el Ejecutivo ha asegurado que su objetivo es agilizar la tramitación para que cada solicitante tenga su resolución en el menor tiempo posible.