La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.
Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.
