España acumula cerca de tres décadas sin lograr aproximar su nivel de productividad por hora trabajada al nivel de las economías más avanzadas de la Unión Europea. Así lo han puesto de manifiesto los expertos reunidos este miércoles en los Encuentros sobre Cuestiones Estructurales de la Economía Española, organizados conjuntamente por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A pesar de las altas tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) registradas durante los años posteriores a la pandemia, el proceso de convergencia estructural en eficiencia y valor añadido se mantiene en un estado de parálisis técnica desde mediados de los años noventa.Los datos desgranados por Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, ilustran con nitidez la magnitud de esta brecha persistente. Tomando la economía de Estados Unidos como referencia base 100 en términos de productividad por hora trabajada, España se sitúa actualmente en torno al 75%, frente a una media del 97% que alcanza el bloque de las siete economías europeas más avanzadas, integrado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia. Esta distancia de más de 20 puntos porcentuales no solo no se ha reducido desde 1990, sino que muestra síntomas de enquistamiento. Al respecto, Doménech ha insistido en que “España avanzó en su convergencia con Europa hasta mediados de los años noventa, pero posteriormente su posición relativa se estancó. Tras una mejora parcial entre 2013 y 2019, el acercamiento volvió a frenarse después de la pandemia”. Entre las causas de este frenazo está la severa atomización de las empresas. Los analistas insisten en que las compañías medianas y grandes compiten en igualdad de condiciones y registran niveles de rendimiento prácticamente idénticos a los de sus homólogas en el norte de Europa. No obstante, esto no ocurre con las más pequeñas. Las estimaciones de los economistas apuntan a que hasta tres cuartas partes de la brecha de productividad que separa a España de Alemania se explican exclusivamente por el efecto composición vinculado al tamaño corporativo. Y la estructura del mercado de trabajo refleja con nitidez este desequilibrio: en el caso español, apenas un 35% de los ocupados desarrolla su actividad en firmas de más de 50 empleados, un porcentaje que se duplica hasta el 66% en el caso alemán.Para superar este escollo es necesario aumentar el tamaño de las empresas. No obstante, el salto exige eliminar las trabas regulatorias que desincentivan el crecimiento de las pymes. Al respecto, los economistas han advertido durante la presentación de que es necesario que el Gobierno recorte los plazos y “facilite una asignación eficiente de factores productivos”. A este problema se suma una distribución desfavorable de las horas trabajadas entre los distintos sectores de la economía. Antonio García Rebollar, técnico comercial y ex consejero comercial en Singapur, ha insistido en que, en el caso español, un 30,6% de las horas efectivas se concentra en comercio, transporte y hostelería, ramas caracterizadas por un valor añadido medio de apenas 24,30 euros por hora. Por contraposición, la industria manufacturera ha mostrado un comportamiento sobresaliente con aumentos anuales de productividad del 2,2% entre 2000 y 2024, pero solo absorbe un 12,4% de las horas de trabajo. Al respecto, el economista ha asegurado que “la brecha de productividad de España no se explica principalmente por empresas ineficientes, sino por la composición de su tejido productivo. El empleo está demasiado concentrado en empresas pequeñas y desconectadas de los mercados internacionales”.Un tercer problema es la falta de inversión, tanto en las empresas como en el Estado. Mientras que en las últimas dos décadas las compañías europeas y estadounidenses han elevado en más de un 50% su gasto en renovar maquinaria, ordenadores y tecnología por trabajador, en España esa inversión productiva apenas ha crecido un 15%. Y el sector público tampoco ha compensado esa distancia: España destina un 2,9% de su PIB a inversión pública, casi un punto por debajo del 3,8% de la media comunitaria. La causa de este abandono responde a un cambio claro de prioridades en las cuentas del Gobierno. Entre 2007 y 2025, el gasto por habitante en pensiones se ha disparado más de un 170% y el gasto corriente de la Administración ha subido un 145%. En la práctica, esto se traduce en que el Estado ha usado los recursos presupuestarios en las prestaciones sociales, dejando en segundo plano las infraestructuras y la tecnología que el país necesita para competir con sus vecinos europeos.