España crece. Y lo hace con fuerza. El PIB avanzó cerca de un 3% en 2025 y en el arranque de 2026 sigue fuerte (mejora interanual del 2,7% en el primer trimestre) y el empleo está en máximos históricos. Pero cuando el crecimiento se traduce a renta por habitante y se descuenta la inflación acumulada desde la pandemia, la mejora es mucho más modesta de lo que sugieren los grandes titulares. Según Eurostat, el PIB per capita ajustado por poder adquisitivo se sitúa en torno al 92% de la media de la Unión Europea (UE), todavía más de veinte puntos por debajo de economías como Alemania y cerca de diez puntos por debajo de Francia. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, lo sintetiza así: “El PIB ha crecido mucho, pero el crecimiento se ha apoyado más en el empleo que en la productividad”. Y añade una imagen que resume el diagnóstico: “Es como un avión que está volando solo gracias a un motor, el del empleo. Pero necesitaríamos también el motor de la productividad”. En su revisión de primavera de las previsiones de España el Fondo Monetario Internacional (FMI) introduce un matiz relevante: el crecimiento seguirá siendo sólido a corto plazo, pero tenderá a moderarse “a medida que se reduzca el impulso de la inmigración y se intensifique el envejecimiento demográfico”. La distancia con Europa con respecto al PIB per cápita no responde a un único indicador, sino a la combinación de tres factores: una productividad insuficiente, empresas demasiado pequeñas y una renta por habitante que todavía no converge plenamente con las economías más avanzadas. En ese contexto, la idea de una economía low cost empieza a tomar forma. No se trata necesariamente de una economía barata, sino de un modelo que crece apoyándose en costes bajos —salarios, escala empresarial o capital— más que en productividad, innovación o valor añadido. El primer informe anual del Consejo de la Productividad de España coincide en el diagnóstico y advierte de que el débil crecimiento de la productividad ha limitado la convergencia económica con Europa. Para José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, el problema tiene raíces profundas. “Estamos ante un problema estructural del modelo productivo; no es una cuestión coyuntural”, explica. La evidencia estadística apunta en la misma dirección. Según la Fundación BBVA, la productividad total de los factores —la que mide la eficiencia del sistema económico al excluir empleo y capital— cayó alrededor de un 10,5% en España entre 1995 y 2017, mientras que aumentó un 1,4% en la zona euro y un 4,5% en la Unión Europea. Uno de los elementos estructurales que ayudan a explicar esa brecha es el tamaño de las empresas. Según datos de Cepyme y del Directorio Central de Empresas del INE, más del 94% del tejido empresarial español está formado por microempresas de menos de diez trabajadores. La comparación europea refuerza ese diagnóstico. Según Eurostat, las empresas de más de 250 trabajadores representan apenas alrededor del 0,2% del total en España, casi la mitad que en economías como Alemania o Francia. David Vitoria, consejero delegado de Berria Bikes, observa esa limitación desde una industria global y altamente competitiva como la bicicleta. “Muchas empresas españolas tienen talento y capacidad técnica, pero parten con menos escala financiera que grandes grupos europeos o asiáticos, lo que limita velocidad y capacidad de inversión”, explica. Por su parte, Enrique Quemada, consejero delegado de ONEtoONE, una boutique financiera especializada en M&A (fusiones y adquisiciones), lo observa con claridad en su actividad diaria. “España compite por precio puro y duro. En mi trabajo lo veo constantemente al comparar empresas y productos de distintos países (…) entre Alemania y España es como comparar el mañana y el ayer”. En su opinión, el tamaño empresarial condiciona directamente la capacidad de invertir en innovación y tecnología. “España somos pymes; las multinacionales que aparecen en los periódicos con beneficios récord no representan el modelo nacional”. El diagnóstico se repite en distintos análisis económicos: menor tamaño medio implica también menor capitalización, menor intensidad inversora por trabajador y más dificultades para financiar proyectos tecnológicos. En este sentido, el comité de expertos que ha evaluado durante un año la productividad nacional incluye entre sus recomendaciones centrales la necesidad de impulsar la inversión privada y mejorar el acceso a financiación no bancaria para empresas jóvenes con alto potencial. Según Eurostat, España destina alrededor del 1,4% de su PIB a investigación y desarrollo, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 2,2%. Algo más de la mitad de ese esfuerzo corresponde al sector empresarial y, dentro de él, las grandes compañías concentran cerca de dos tercios del gasto, lo que refleja hasta qué punto la innovación se encuentra concentrada en un número muy reducido de empresas. En una economía dominada por pequeñas empresas, esta estructura limita la difusión de la innovación. Buena parte del tejido productivo invierte poco en capital tecnológico, tiene menor capacidad de internacionalización y más dificultades para acceder a financiación. A ello se suma además la volatilidad de costes registrada en los últimos años. José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega Financial Partners, advierte de que la incertidumbre sobre energía, financiación, materias primas o divisas está dificultando la planificación empresarial. “Cuando una compañía no sabe cómo evolucionarán sus costes, tiende a retrasar inversiones y a priorizar la protección del margen y de la caja”, señala. Necesidad de escalaQuemada lo formula sin rodeos: “La única solución para evitar que la economía se consolide como low cost es ganar tamaño (...) concentración, escala y capital”. Un argumento más financiero que ideológico: con rentabilidades moderadas y estructuras fragmentadas, la capacidad de reinvertir en automatización y robotización se reduce. La cuestión vuelve a ser estratégica: “¿Puede una economía compuesta mayoritariamente por pequeñas empresas acelerar el salto hacia un modelo intensivo en capital y tecnología?”. El aumento del empleo se ha convertido en el principal soporte del crecimiento reciente. La Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa el número de ocupados en torno a 21,4 millones, el nivel más alto de la serie histórica y muy por encima del registro previo a la pandemia. Pero esa expansión no se explica únicamente por la recuperación cíclica. Una parte significativa del dinamismo laboral está vinculada al aumento de la población extranjera. Funcas ha señalado en distintos análisis que la inmigración está sosteniendo el crecimiento potencial en un contexto de envejecimiento acelerado. La generación del baby bum comenzará a jubilarse de forma masiva en la próxima década, reduciendo la oferta de trabajo nativa. Doménech formula la importancia de la inmigración en términos estructurales: “No hay nativos suficientes para reemplazar a toda esta población que se jubila. Solo se puede cubrir con inmigración o con automatización”. Los datos del Banco de España confirman ese cambio demográfico. Desde 2016, la población residente de origen extranjero ha aumentado en torno a 3,5 millones de personas, y una parte significativa del empleo creado en los últimos años se ha concentrado precisamente en ese colectivo. Diversos análisis estiman que entre el 35% y el 40% del empleo creado desde la pandemia ha sido ocupado por trabajadores extranjeros, muchos de ellos en sectores intensivos en trabajo, especialmente en servicios, lo que ayuda a explicar por qué el aumento del número de ocupados no siempre se traduce en mejoras equivalentes de productividad agregada. El dilema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Si el empleo adicional se concentra en sectores de menor productividad media, el PIB puede seguir creciendo mientras la renta por habitante avanza con mayor lentitud. El propio Banco de España recoge en sus encuestas empresariales un diagnóstico persistente: la escasez de mano de obra cualificada se ha convertido en uno de los principales factores limitantes del crecimiento empresarial. El ejemplo de la vivienda ilustra bien ese desequilibrio. Diversos estudios estiman que España necesitaría construir alrededor de 200.000 viviendas anuales para equilibrar oferta y demanda, lo que exigiría al menos medio millón de trabajadores cualificados, según cálculos citados por Doménech. El sector denuncia que ese capital humano simplemente no existe hoy en el mercado laboral. Dicho de otra forma, crear empleo es una condición necesaria para el crecimiento, pero no única. Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, la proporción de población mayor de 65 años podría superar el 30% hacia mediados de siglo, lo que significa que casi uno de cada tres españoles estará en edad de jubilación. Con estos datos, el Banco de España estima que la proporción de ocupados sobre el total de la población podría caer del 46,5 % actual a alrededor del 41% en 2050 si no aumenta la tasa de empleo. En ese caso, cada trabajador deberá sostener a una proporción creciente de población dependiente. Un análisis de BBVA Research muestra que la productividad por hora trabajada en España aumentó sólo alrededor de un 3% entre 2019 y la primera mitad de 2025, mientras que la productividad por persona ocupada permanece estancada o incluso por debajo de los niveles prepandemia, lo que evidencia debilidades estructurales persistentes. El Consejo de la Productividad de España introduce un matiz en la evolución reciente al estimar que la productividad por hora trabajada creció en torno a un 1% anual entre 2022 y 2025, aproximadamente el doble que en el periodo 2014-2019, aunque advierte de que ese ritmo todavía es insuficiente para cerrar la brecha histórica con la media europea. Los datos de Eurostat ilustran esa distancia estructural: la productividad por hora trabajada en España se mantiene todavía entre un 10% y un 15% por debajo de la media de la Unión Europea, una brecha que se amplía frente a economías como Alemania. Esta brecha ayuda a explicar por qué los organismos internacionales insisten en que el reto no es tanto crecer a corto plazo como sostener una mejora estructural de la productividad y la competitividad a medio plazo. Pero si ese diagnóstico apuntara a una pérdida generalizada de competitividad, debería reflejarse con claridad en el sector exterior. Y ahí el análisis resulta más matizado de lo que sugiere un primer vistazo. El FMI advertía recientemente de que el crecimiento se ha apoyado principalmente en la demanda interna y en el dinamismo del mercado laboral, dos factores que tenderán a moderarse a medida que se reduzca el impulso demográfico y el crecimiento del turismo pierda intensidad.La fuerza del turismo Como explica el responsable de análisis económico del BBVA, el sector exterior refleja una realidad mucho más equilibrada. Gracias al auge del turismo, España mantiene un superávit por cuenta corriente en el entorno del 2%–3% del PIB en los últimos ejercicios. La balanza comercial de bienes presenta déficit estructural, aunque el saldo positivo en servicios compensa ampliamente esa brecha. Sin embargo, no es solo turismo, señala Doménech, para añadir que las exportaciones de servicios no turísticos —servicios empresariales, financieros, tecnológicos— han crecido con intensidad en los últimos años y aportan cada vez más al saldo exterior. “Tenemos déficit en bienes, pero un superávit muy grande en servicios. Eso hace que como país tengamos superávit por cuenta corriente. No es indicativo de un problema general de competitividad, aunque eso no significa que no haya que vigilarlo”. El equilibrio exterior sugiere que España no compite únicamente en precio. Sin embargo, mantener superávit no implica necesariamente convergencia en productividad o renta per cápita. Una economía puede vender mucho al exterior y, al mismo tiempo, añadir menos valor por trabajador que sus principales socios. No todos los analistas consultados comparten además una visión pesimista sobre el modelo económico español. Sylvain Broyer, economista jefe para Europa de S&P Global Ratings, considera que la economía nacional sigue beneficiándose de costes laborales y energéticos relativamente competitivos dentro de Europa, lo que está favoreciendo cierta relocalización industrial. “No estoy convencido de que España esté atrapada en un modelo low cost”, señala. Pazos, que lleva décadas ayudando a empresas españolas a gestionar los riesgos que genera su actividad internacional, coincide en que el diagnóstico no puede simplificarse exclusivamente en términos de bajo coste. “España lleva tiempo registrando superávit por cuenta corriente, lo que refleja competitividad estructural. Muchas empresas compiten hoy por conocimiento y capacidad técnica”, explica, aunque advierte de que el tejido empresarial sigue siendo muy heterogéneo. El turismo es posiblemente el mejor ejemplo de ese modelo. Con 96,8 millones de visitantes y 134.712 millones de gasto en 2025, este sector representa alrededor del 13% del PIB y del empleo. Los datos de la patronal Exceltur muestran además una mejora clara de la rentabilidad: el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) supera los niveles de 2019 y el gasto medio por turista crece de forma sostenida, impulsado por un reposicionamiento hacia segmentos de mayor valor añadido. El sector turístico, al menos por ahora, no compite solo en precio. La pregunta es si esa evolución es trasladable a otras actividades de la economía.Más tecnología Quemada responde con escepticismo: “No hay duda de que estamos tendiendo a un modelo low cost. Si tú vas a una fábrica en China y están ultra robotizadas, hay una tendencia al automatismo que se traduce en productividad. Mientras que nosotros no estamos en ese punto. Además del turismo, ¿qué vende España? (....) el 30% del consumo de fruta y hortalizas de Europa sale del país, pero ahí no hay mucha mecanización… Somos un país low cost y cada vez vamos a ser más bajo coste si no invertimos en automatización y tecnología”. Preguntado sobre si el movimiento observado en el turismo puede replicarse en otros sectores, el trasfondo es claro: el turismo dispone de ventajas naturales —localización, clima, marca país— que no dependen exclusivamente del capital invertido. “Otros sectores no tienen sol”, explica el economista y abogado para añadir que el reto es construir ventajas competitivas que tengan que ver con la política industrial y no con el clima o los kilómetros de costa. El debate sobre productividad y tamaño empresarial tiene también una traducción directa a algo tan cotidiano como el bolsillo de los hogares. El poder adquisitivo y los hábitos de compra ayudan a entender por qué determinados sectores de la economía española compiten cada vez más en precio. España no es una economía estancada. Crece por encima de la media europea, mantiene superávit exterior y ha demostrado capacidad de adaptación tras la pandemia con el empleo en máximos y mejoras sustanciales de rentabilidad en sectores clave como el turismo. La cuestión es si ese crecimiento es suficiente para cerrar la brecha en renta por habitante con las economías más avanzadas y sostener la mejora del poder adquisitivo en un contexto de envejecimiento demográfico y de una feroz competencia global. Rafael Doménech insiste en el punto estructural: “La productividad es el único factor que permite crecer de forma sostenida y mejorar el bienestar a largo plazo”. Por su parte, Broyer introduce un matiz relevante sobre la evolución de salarios y poder adquisitivo. A su juicio, una mejora sostenible de las rentas no puede construirse artificialmente, sino a partir de aumentos de productividad y capital humano. “A largo plazo, un reequilibrio más duradero hacia los salarios suele venir acompañado de una mayor productividad laboral”, explica. Quemada, desde la perspectiva empresarial, lo formula en términos de escala y capital: “Si no ganamos tamaño y no invertimos en automatización y tecnología, vamos a tender cada vez más a un modelo low cost”. Vitoria advierte además de que competir permanentemente vía descuentos erosiona la capacidad de invertir. “Cuando el mercado entra en una dinámica de promociones constantes, los márgenes se deterioran y las compañías terminan priorizando liquidez frente a inversión estratégica”, explica el exciclista profesional y empresario que ha combinado visión estratégica, desarrollo de producto y fabricación avanzada en un mercado global tan competitivo como el de la bicicleta. García Montalvo hace hincapié en un matiz que trasciende el caso español. El desafío de competitividad, explica, no es solo un problema nacional, sino que afecta al conjunto de Europa en un momento en el que la inversión en tecnología marca la diferencia entre economías avanzadas. Tanto el informe sobre el futuro de la competitividad presentado por el expresidente del BCE Mario Draghi como el informe sobre el mercado único coordinado por Enrico Letta coinciden en señalar que Europa necesita aumentar su inversión en innovación, tecnología y escala empresarial. El diagnóstico se repite con distintos matices entre economistas, empresarios e instituciones: sin más inversión, productividad y escala empresarial será difícil sostener una mejora real del poder adquisitivo y cerrar la brecha de renta con las economías más avanzadas de Europa. El Consejo de la Productividad de España recuerda que, aunque los salarios reales han aumentado en los últimos años, su evolución a largo plazo ha sido mucho más modesta. El primer informe del organismo señala que la remuneración real por hora trabajada ha crecido un 7,7% desde 2018, por encima del aumento de la productividad en ese mismo periodo (3,6%), lo que refleja una mejora reciente en la distribución de las ganancias de productividad, pero no altera el diagnóstico de fondo sobre el limitado crecimiento salarial de las últimas décadas. “Para las clases medias, no solo es un problema que no aumente la productividad”, explica Rafael Doménech. “Cuando se conjugan factores como que los salarios reales no crecen lo suficiente y el precio de la vivienda aumenta más que el de los bienes de consumo, se producen desfases muy importantes”. Hace unas semanas el FMI compartía el diagnóstico al advertir que una mejora de la calidad de vida pasa no solo por aumentar la tasa de empleo, sino por consolidar también una mejora sostenida de la productividad. En última instancia, la distancia entre lo que crece la economía y lo que perciben los ciudadanos sigue siendo el verdadero punto de fricción. Porque, como resume Quemada, “crecer no es lo mismo que converger”.