El Tribunal Constitucional ha admitido este miércoles un recurso del Gobierno de España contra la ley de la Comunidad de Madrid que faculta al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para ejercer la acusación popular en delitos de desórdenes públicos, incendios y ataques al patrimonio. Ese texto, que a juicio de La Moncloa invade competencias estatales, no solo representa la apuesta por la línea dura que encarna la baronesa madrileña en el PP. Es también, en parte, una respuesta a un hecho concreto: la suspensión de la etapa final de la Vuelta a España de 2025, a su paso por Madrid, por las protestas en contra de la participación de un equipo patrocinado por Israel en medio del asedio a Gaza. Así lo admitió el propio Gobierno regional cuando aprobó el texto, en marzo pasado. Ahora la ley queda suspendida hasta que el Constitucional decida sobre el fondo del asunto. “El señor Sánchez tendrá que explicar por qué no quiere que las Comunidades Autónomas protejamos a las mujeres, o podamos proteger el patrimonio natural, o el histórico artístico, que es lo que habilita esa ley ”, ha dicho el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles tras la reunión del consejo de Gobierno regional. “Al señor Sánchez no le gusta la acusación popular porque tiene a un entorno muy comprometido, a Begoña Gómez, a su mujer, precisamente por cuestiones que han salido de acusaciones populares”, ha seguido. “Y por eso quiere acabar con ella”. En realidad, la Comunidad de Madrid ya podía ejercer la acción popular en casos de violencia de género o que afectaran a víctimas del terrorismo antes de aprobar la ley que ahora se cuestiona. Así lo recoge, precisamente, el preámbulo de la nueva norma, que extendió esa facultad a desórdenes públicos de especial gravedad, ataques al patrimonio cultural, y también al natural (esta última diseñada para castigar a quienes provoquen incendios). Sin embargo, el Gobierno de España considera que ese planteamiento afecta a sus competencias. Y no solo eso. A mediados de julio, cuando el Estado decidió registrar su recurso ante el Constitucional, argumentó que solo el Ejecutivo central puede regular la acción popular, y que la norma madrileña “amplía esa legitimación sin cobertura legal, compromete la igualdad procesal, y altera la unidad del sistema penal”. “Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular cuando protegen a una víctima concreta e identificable, la ley madrileña lo hace respecto de delitos con bienes jurídicos colectivos -medio ambiente, patrimonio histórico, desórdenes públicos-, sin víctima individualizada”, se explicó entonces desde el Consejo de Ministros. Esto amplía el Constitucional en una nota de prensa: “El Presidente del Gobierno alega en su demanda que la norma podría ser contraria al artículo 149.1.6ª de la Constitución, que establece como competencia exclusiva del Estado la legislación procesal”. Ley LGTBILa suspensión de la ley impulsada por Díaz Ayuso abre un nuevo frente entre las dos administraciones y reconfirma al Constitucional como escenario preferente de los choques de la política regional justo cuando las elecciones autonómicas de 2027 ya aparecen en el horizonte. La conflictividad es de doble vía, puesto que la Comunidad de Madrid se ha convertido con la baronesa del PP al frente en la región que más litiga con el gobierno de España. En consecuencia, el tribunal de garantías se tiene que pronunciar en los próximos meses sobre numerosos asuntos planteados por las dos administraciones, y también por la oposición de izquierdas (Más Madrid y PSOE) y derechas (Vox) en la Asamblea de Madrid. En lo que va de 2026, el Constitucional ha reprochado a la Asamblea la tramitación en lectura única de las leyes que le permitieron a la Comunidad asentar su control sobre Telemadrid en 2021 y 2022. También ha tumbado el veto a que se preguntara por el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o por los negocios del empresario Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal mientras era pareja de la baronesa y convivía con ella.Previamente, en 2025, el tribunal tumbó una parte importante de la reforma de la ley LGTBI del Ejecutivo de Díaz Ayuso, que ya se había puesto la venda antes de la herida con una modificación preventiva ante el previsible fallo en contra. Ahora llega el turno de la ley de acción popular de Madrid, que el Constitucional analizará justo cuando empieza el descuento hacia las autonómicas de la primavera de 2027.