El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido ante el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez (PSOE) para evitar así abrir un pulso legal en el Tribunal Constitucional alrededor de la norma que aprobó a finales de 2024 la Asamblea regional para flexibilizar la ley del suelo. El acuerdo, publicado este viernes en el boletín oficial de la región, y alcanzado en la comisión bilateral que reúne al Estado y a Madrid, representa un raro ejemplo de entendimiento entre dos administraciones enfrentadas frontalmente. Madrid es, de hecho, la región que más pleitos tiene vivos contra el Estado en el Constitucional.
“La Comunidad Autónoma ha aceptado un compromiso normativo para evitar el recurso y solventar la discrepancia”, resume un portavoz del Gobierno central. Este diario se ha puesto también en contacto con el autonómico para recabar su opinión, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
La reforma de la ley del suelo permitió rebajar la obligatoriedad de sustituir árboles talados; flexibilizar la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilitar la posibilidad de construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos sociales de redes supramunicipales. Tras una polémica tramitación, pues el PP eligió el formato de ley ómnibus para cambiar decenas de puntos de distintas normas en una sola votación, la negociación con el Gobierno central se abrió en abril, y se centró en temas de evaluación ambiental.
