El Tribunal de Cuentas recomienda a los Parlamentos de Madrid, Castilla y León, Asturias y Murcia una reforma legal para hacer obligatorios los análisis en las cuentas públicas
Ocurre el viernes en la Asamblea de Madrid. Patricia Reyes, directora general de la Mujer en el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP), es clarísima. “Me pregunta si el gobierno tiene previsto tramitar una ley de igualdad esta legislatura. Le diré que no”, dice en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Isabel Sofía Cadórniga. Es la constatación de una excepción. La Comunidad de Madrid es la única región sin ley de igualdad. Junto a Murcia, es la única autonomía que no elabora informes de impacto de género de su ley de Presupuestos, que es la que decide cómo se emplea el dinero, qué políticas se priorizan, y cuáles se dejan en segundo plano. Más único aún: Madrid hizo esos análisis hasta que Ayuso se consolidó en el poder. Y además es la única región sin una norma de rango legal que obligue a evaluar el impacto de género de todas las leyes y normas que tramita (obligación que sí explicita en un decreto). Una ristra de excepciones que aparece recogida en el informe con el que el Tribunal de Cuentas fiscalizó a finales de octubre el empleo de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos autonómicos.
