El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la Ley 1/2026, de 15 de abril, por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Esta ley, anunciada por el Gobierno de Ayuso el pasado mes de enero, buscaba perseguir judicialmente protestas como la que se organizó contra el genocidio en Israel en Madrid y que obligó a terminar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España antes de tiempo.
En concreto, la normativa habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de especial gravedad en tres ámbitos específicos: medio ambiente e incendios, patrimonio histórico-artístico y desórdenes públicos que afecten a espectáculo.
Según informa el TC en un comunicado, ha acordado además suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, después de que el Gobierno invocara en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución. La suspensión tiene efectos desde el 16 de julio de 2026, fecha en la que se interpuso el recurso, para las partes del proceso, mientras que para terceros surtirá efecto desde el día en que se publique la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
