El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos de Balears.
La decisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la derogación aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP. Será el propio Constitucional el que deba pronunciarse ahora sobre el fondo del recurso y decidir si la derogación se ajusta o no a la Carta Magna.
La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. En su recurso, el Ejecutivo central señala que la eliminación de la ley supone una vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de dificultar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.
Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias estatales, quebrantar el principio de colaboración entre administraciones y vulnerar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
