El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Vox y organizaciones de extrema derecha han trasladado este viernes al Tribunal Supremo su batalla contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a más de medio millón de personas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acogido las cinco vistas en las que los recurrentes han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión cautelar de la norma hasta que los magistrados resuelvan el fondo del asunto.
“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación posobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados.
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización.
