La Comunidad de Madrid dice que la sanidad madrileña se “distorsionará completamente” por dar los papeles a miles de vecinos que, sin embargo, ya tienen reconocido ese derecho. El Gobierno de Ayuso también defiende que la regularización colapsará de manera inmediata ayudas como la Renta Mínima de Inserción que, sin embargo, exige al menos un año de residencia legal en el país. Son algunos de los argumentos falsos o tergiversados que el Ejecutivo madrileño ha incluido en el recurso con el que pide al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del real decreto que aprobó el proceso extraordinario de regularización, mientras sus magistrados estudian el fondo del asunto.
El Tribunal Supremo celebrará este viernes la vista para escuchar a las distintas partes que han pedido que paralice de forma cautelar el procedimiento de regularización extraordinaria, tras los recursos presentados por varios actores, entre los que destaca la Comunidad de Madrid. Para justificar la urgencia de la suspensión cautelar planteada, el Gobierno de Ayuso enumera uno a uno los servicios autonómicos que, a su juicio, se verían “colapsados” o “distorsionados completamente” por un supuesto incremento de cientos de miles de beneficiarios.
