No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.
Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.
